SEVILLA (2019.03.27) Alumnos de 1º, 2º, y 3º curso del grado en Derecho de Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU asistieron, en el marco de la asignatura de Derecho Penal, a la conferencia de Águeda Martín Fernández (Despacho Martín del Toro Abogados) sobre Derecho Penal Deportivo y las Nuevas Tecnologías: e-sports.
Como destacó “actualmente, millones de personas en todo el mundo juegan a videojuegos, existen equipos y ligas propias, y las competiciones a gran escala han convertido a los jugadores en verdaderos profesionales con unas audiencias millonarias”. Profundizó con los alumnos sobre el crecimiento en los últimos años de los “deportes electrónicos o e-sports” y su impacto social, así como el marco jurídico que lo regula. Se refirió a los múltiples interrogantes que plantea el ordenamiento jurídico español en torno a estos deportes, a diferencia de su desarrollo en otros países, como EE.UU. y Corea del Sur.
Entre otros, indicó “su reconocimiento como deporte, las dificultades de adaptación a nuestro modelo deportivo federativo, cuya estructura y requisitos no comulgan con su naturaleza; su dimensión inabarcable, a través de la red; el creciente empuje de los inversores y de las marcas publicitarias en el sector; la pluralidad de intereses en juego, a veces no coincidentes; la intervención de factores de orden público, como la salud de jugadores y aficionados; la falta de respuesta a cuestiones jurídicas específicas de diversa índole; la necesidad de un marco común, que proporcione seguridad a jugadores y demás agentes; o la integridad, fundamental en toda actividad competitiva”.
Constituyen, a juicio de Martín Fernández, “un verdadero desafío para nuestro derecho, planteándonos si resuelve la legislación del deporte los problemas específicos que plantean los e-sports; si basta por el contrario con la aplicación de nuestra legislación común; o si sería necesaria una regulación específica aplicable a los e-sports. Parece que el crecimiento incontrolado de cualquier industria provoca más problemas que proveer de una regulación que garantice la seguridad jurídica de todos los agentes del sector. Por lo tanto, es de prever que, antes o después, el legislador opte por dictar una normativa específica que satisfaga las necesidades del sector».