Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la ACdP y del CEU sobre la Ley Celaá:“No se ha trabajado lo suficiente para conseguir los consensos políticos y sociales. Ha habido demasiada prisa, se ha aprovechado la pandemia para impedir la respuesta social contra la norma”
SEVILLA (2020.12.10) Alfonso Bullón de Mendoza, Presidente de la ACdP y del CEU, participó en el III Foro ABC Educación sobre la Ley Celaá junto a Jesús Muñoz de Priego, portavoz de la Plataforma Más Plurales y abogado especialista en derecho educativo, y José Saturnino Martínez, profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna. El proyecto de ley que fue recientemente aprobado por el Congreso de los Diputados, ahora continúa su tramitación en el Senado.
La Ley Celaá ha suscitado mucha contestación social. En el debate se plantearon cuestiones como el impacto de la ley educativa, cuáles son sus beneficios para el alumnado, el profesorado y las familias; cuáles sus críticas; cuándo se aplicará y si es idónea su llegada el próximo curso escolar y su reemplazo por la actual norma vigente: la Lomce.
Respecto a si la norma llegaba en buen momento y si realmente era necesario aprobar una nueva ley, Alfonso Bullón de Mendoza dijo “me llama la atención por contraste lo que intentó hacer el entonces ministro Gabilondo. Lanzó la idea de la necesidad de un Pacto por la Educación, estuvo en comunicación con todos los locutores sociales, y entonces hubo 15 o 20 Terceras de ABC apoyando ese pacto educativo. Recuerdo que me pidieron una de esas Terceras y, en ese momento, estaba de rector en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y me planteé que había conocido a cuatro ministros de educación socialista y era evidente que los ministros socialistas tenían diferentes conceptos entre sí de la educación. Mal nos vamos a entender cuando el propio partido no tiene un criterio único», pensé”.
El Presidente de la ACdP y del CEU compartió el texto de un abuelo suyo, un diputado conservador, “que en 1912 decía quelas leyes educativas eran demasiado serias para dejarlas en manos del Ministerio del partido de turno. Respecto a esta norma no se ha trabajado lo suficiente en conseguir los consensos políticos y sociales. Ha habido demasiada prisa y, pienso que, se ha aprovechado la pandemia para impedir la respuesta social contra la norma”.
En cuanto a la cuestión de la libertad para elegir centro, Bullón de Mendozaresaltó también que “en España hemos tenido constituciones de partido, como la de 1812 o 1931 y otras que han buscado consenso como la de 1876 o la actual. En esta, uno de los debates más importantes fue el debate del artículo 27, sobre la libertad de educación. Era un tema con el que el PSOE no se sentía cómodo, pero se llegó a un consenso de todas las fuerzas políticas. El artículo 27.3 es claro: Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. La mayoría de la educación concertada es de tipo católico, no puedes decir a gente que quiere estudiar en colegios con determinado proyecto educativo que lo hagan en otros que no lo tienen. El tema de elección de los padres es importante y está amparado por la Constitución”.
Por otro lado, en tanto a la educación especial, Alfonso Bullón de Mendoza indicó que “la ley plantea que, en el plazo de diez años, habrá que tender a que la mayoría de los centros estén integrados en los ordinarios. Esto es una aspiración de todo padre, pero depende de cada caso. La pregunta es si se darán los medios necesarios, tenemos un sistema que ahora nos está funcionando, por lo que cuando evolucione la ley, ¿cómo va a ser?”.
Asimismo, sobre el fracaso escolar, señaló que “es consciente de que hay un tema de fracaso educativo y olvidamos que la LOGSE introduce más años de enseñanza obligatoria y, al hacerlo, retrasa la obtención del título, lo que también trae como consecuencia un incremento del fracaso escolar. Esto hay que combatirlo, pero lo que me llama más la atención de la ley es que no hay mención a la cultura del esfuerzo, todo se diluye, se da por automático”.
Por último, respecto a la eliminación del castellano como lengua vehicular, refirió que “hay quien plantea que esto no va a suponer un cambio real, pero cuando se propone una enmienda se hace para algo y la intencionalidad de la enmienda es de quien la propone, en este caso ERC por iniciativa de la Plataforma per la Llengua, la que denuncia en Cataluña a los niños que hablan castellano en el patio o a los comerciantes que rotulan en castellano, etc.”.
